Inseguridad ciudadana y miedo al delito (página 2)

Esta teoría predice que los medios masivos de
comunicación, especialmente la televisión, cultivan
la sensación de inseguridad a los televidentes. La premisa
es que los medios de comunicación son parte de la red
social de los individuos, más aún, para algunos
individuos los medios masivos de comunicación son los
únicos o bien los principales medios de información
sobre la inseguridad y la delincuencia en su localidad. A este
respecto se dice que existe un incentivo económico para la
difusión masiva de noticias relacionadas con el crimen, lo
que al final resulta en un incremento en los niveles de
inseguridad personales. Al mitificar el relato del acontecimiento
delictivo, lo descontextualizan y pierde su significado real, lo
convierten en la telenovela de la cotidianidad que se confunde
con la realidad misma, todo esto con la finalidad de aumentar las
ventas en el caso de la prensa escrita y la sintonización
cuando se trata del medio televisivo.

Teoría de la
victimización

La Victimización puede ser definida como; los
efectos psicosociales inducidos sobre la víctima y su
entorno social por los hechos ocurridos interpersonales y
sociales que están y son tipificados penalmente como
delitos.

La teoría de la victimización postula que
las víctimas de un delito sufren de mayores niveles de
inseguridad frente a aquellos que no han tenido tal experiencia
de victimización, en tal sentido, La
victimización puede ser: directa o
indirecta.

La experiencia directa, es aquella sufrida por la
persona en cuestión puede aumentar la sensibilidad al
riesgo, llevándolos a percibir situaciones de peligro de
forma más frecuente y exagerada.

La indirecta se refiere a individuos que tienen amigos,
parientes o vecinos victimizados. Estas personas influenciadas
por la victimización de otros, también pueden
presentar una mayor percepción de riesgo y
miedo.

El mecanismo causal de esta teoría consiste en la
idea de que la experiencia de la victimización conlleva
efectos psicológicos y/o materiales duraderos, aumentando
la proclividad individual a sentirse más inseguro, frente
a la circunstancia contraria de la no
victimización.

MIEDO AL DELITO

Concepto de Temor al delito: Es el sentimiento de
vulnerabilidad o desprotección ante la posibilidad de ser
víctima de un delito; se considera la perspectiva
cognitiva de este temor, es decir, la creencia que los individuos
puedan ser víctima o no de un delito en los
próximos doce meses.

Históricamente, es relevante resaltar, que
durante largas décadas la criminología
clásica concibió a la victimización como el
único factor determinante en la constitución del
temor subjetivo al delito. Es más, durante un largo tiempo
el temor al delito se consideró como un problema
secundario, al cuál no se debía otorgar una mayor
importancia, pues estaba intrínsicamente ligado a la
victimización. No existía la posibilidad de pensar
que el temor existiera en forma independiente a la variabilidad
de la tasa total de delitos y, por lo tanto, existía
cierta proporcionalidad entre los grados de victimización
y los niveles de temor. Un alto grado de temor sólo lo
podíamos explicar por elevados números de delitos.
Si bien es cierto que lo prioritario en materia de seguridad
ciudadana es la disminución de los delitos en sí,
la literatura internacional advierte que hoy una de las
consecuencias más nefastas de la delincuencia es
precisamente el temor asociado a ella. Cuando la sensación
de inseguridad se considera tan peligrosa como la amenaza real de
un victimario, se enfrenta un problema social
preocupante.

Ahora bien, desde el punto de vista conceptual, es
adecuado establecer ciertas diferencias entre temor a la
delincuencia y miedo a la delincuencia. El temor se refiere a una
situación permanente y no necesariamente objetiva, aunque
pueda operar objetivándose en alguna figura, como con el
delincuente común. En forma contraria, el miedo da cuenta
de una situación objetiva y no permanente. Si queremos dar
cuenta de un problema social, que mezcla la sensación
subjetiva de las personas que se mantiene en el tiempo con una
estructura social determinada que genera esta tipo de
sensación, se opta por el concepto de temor a la
delincuencia. Por este motivo, es adecuado conceptualmente hablar
de temor al delito, es decir, una percepción personal pero
que se mantiene por un tramo determinado de tiempo.

Es necesario entender el miedo al crimen, no ya desde
una óptica puramente criminológica vinculada al
ámbito de la delincuencia, sino como un componente de una
temática mayor: la percepción de seguridad, que
desde una perspectiva de calidad de vida, incluye aspectos
ambientales, laborales y de participación ciudadana, entre
otros.

Todo ello hace que el miedo al delito se haya
constituido en un área de actuación
específica dentro de las políticas criminales, por
los efectos individuales y sociales, a nivel de comportamientos y
de salud mental que pueden conllevar niveles altos de
temor.

A nivel individual, el miedo al delito puede
llevar a conductas de protección dentro y fuera del hogar,
de tipo evitativo o activo. Por ejemplo, las personas pueden
buscar vivir en edificios con sistemas de vigilancia que
restringen el acceso a desconocidos, otro ejemplo es la entrega
de publicidad, dotarse de sistemas de alarmas para el hogar,
mascotas de vigilancia e incluso armas. Las personas pueden
también alterar algunos hábitos de
interacción social, como evitar salir de casa o contestar
el teléfono a partir de ciertas horas.

En casos de extrema desintegración social o de
alto miedo a los delincuentes, pueden surgir formas colectivas
de autodefensa, por ejemplo, la aparición de grupos de
justicia privada en barrios de mucha violencia armada y de
frecuentes robos padecidos por los habitantes así como la
aparición de grupos de vigilancia de vecinos que patrullan
el barrio para evitar la venta de droga en el sector por parte de
traficantes callejeros. Estas formas de justicia privada tienden
a aparecer en condiciones de alto miedo al crimen y, al mismo
tiempo, de baja eficacia percibida en el sistema judicial, ya que
se ha encontrado que un mayor miedo al delito, una alta
insatisfacción con la policía y unas actitudes
más punitivas hacia la delincuencia se relacionan entre
sí.

Entre los efectos sociales del miedo a la
victimización está la inhibición de la
comunicación, la desvinculación de procesos
organizativos, el aislamiento social, el cuestionamiento de
valores y la desconfianza comunitaria. En cuanto a la
desintegración social se trata del progreso de
desintegración de la comunidad que puede darse como
resultado del miedo al crimen. Es el caso de habitantes de una
comunidad que perciben el lugar en el que viven como peligroso
por la presencia de sumergidos sociales , bandas,
prostitución, venta de drogas, y buscan trasladarse a
otras zonas más seguras, lo que trae como consecuencia que
sus anteriores residencias se deterioren, bajen los precios de
los canones de arrendamiento, y en el lugar acaban residiendo
personas con bajos recursos económicos, entre ellos
delincuentes, con lo que las tasas de delitos aumentan
confirmando lo que temían y percibían los antiguos
residentes.

En lo que se refiere a la desvinculación de
procesos organizativos, hay investigaciones sobre el trauma
psicosocial que la represión política permanente
(la cual es una forma más de victimización
criminal) instaura en la población una
internalización del terror, lo cual afecta a la
cohesión social, debilitándola, y haciéndola
más proclive a ser sometida por el agente del terror. De
acuerdo con ello, el temor inducido por la victimización
criminal, en sus múltiples manifestaciones, puede tener
diferentes efectos sobre el tejido social, del cual la cultura
ciudadana sería uno de sus componentes, ya que ésta
involucra aspectos de comunicación entre los ciudadanos,
respeto por las normas de convivencia cotidiana en aspectos como
el cuidado del medio ambiente, del espacio público, de las
normas de tránsito, pago puntual de impuestos, entre
otros, de respeto a las normas legales, y de participación
en la administración pública y en los organismos
ciudadanos que la vigilan.

La ciudadanía suele asociar
espontáneamente la inseguridad con la delincuencia. Es
decir, la percepción de amenaza es generada por el
delincuente, y es la representación de éste lo que
explicaría los altos índices de temor. Así,
la inseguridad descansaría además de las tasas
reales de delitos, en la definición metafórica del
delincuente, en un delincuente omnipotente y omnipresente lo que
provoca un temor exagerado y muchas veces
sobredimensionado.

El temor al delito, se ha asociado a una amplia variedad
de estados emocionales, actitudes y percepciones, entre las que
se incluyen desconfianza en el otro, ansiedad, percepción
de riesgo, temor a los extraños, entre otras. Desde esta
lógica, el temor al delito ha sido definido como un
fenómeno complejo, en el cual los esquemas mono-casuales
para su explicación han debido ser abandonados. Para
estudiar el temor al delito hay que asumir un enfoque multicausal
para comprenderlo en su complejidad.

Para la literatura criminológica al no existir
una única perspectiva sobre el temor al delito, se ha
buscado "resolver" el debate mediante una distinción entre
dos perspectivas. La primera es la noción emocional,
según la definición anglosajona es "feeling afraid
"o "worry". Esta noción apela al temor frente a
situaciones delictivas o peligrosas. La segunda es la
noción cognitiva del temor o "fear", que está
vinculado a un análisis por el sujeto que, tomando en
cuenta diversas variables personales y de contexto, estima la
probabilidad de ser víctima de un delito.

Uno de los aspectos que diferencia a los seres humanos,
es su capacidad de anticipar amenazas y experimentar emociones
respecto de ello. Esta anticipación es el resultado de un
proceso cognitivo mediado por la imagen social existente en torno
al fenómeno delictual. Por consiguiente, es la sociedad la
que provee a los individuos las condiciones interpretativas para
que los individuos transformen sus actuales prácticas
sociales en función al temor al delito, que más
allá de ser una percepción personal, es una
construcción que se socializa cada día más.
Es por esta razón, que es erróneo plantear que el
temor frente a una amenaza delictiva es una simple respuesta
emocional.

Además del ámbito conceptual en torno al
temor, existe un aspecto metodológico que genera
permanentes debates. Esto último se refleja en que el
temor posee características mensurables, tales como su
intensidad (desde la preocupación al terror o pavor),
predominio (segmento de la población que percibe temor
frente a cierta circunstancias) y duración en el tiempo.
Estas dimensiones del temor se manifiestan de diverso modo
dependiendo del objeto al que está referido. De acuerdo al
tipo de delito y grado de violencia del mismo, variará la
intensidad y predominio del temor; y según se trate de un
delito que puede ser sufrido personalmente (miedo personal) o por
otros (miedo altruista).

Modelos Conceptuales que contribuyen al entendimiento
del temor al delito y variables asociados a ellos:

En términos generales, la literatura
especializada ha rescatado, principalmente, tres modelos
conceptuales que pueden contribuir a un mejor entendimiento del
temor que sienten las personas ante la delincuencia: modelo de
vulnerabilidad, explicado anteriormente en la teoría de la
vulnerabilidad; el modelo de la victimización y modelo del
control social los cuales se explican a
continuación:

Modelo de la Victimización:

Este modelo establece que individuos que han sido
víctimas en el pasado de algún delito van a estimar
un riesgo mayor de ser víctima en el futuro, y, como
resultado, van a sentir un mayor temor ante la delincuencia, en
especial cuando son delitos violentos o sexuales. El supuesto es
que las víctimas comienzan a sentir mayor temor debido al
delito que experimentaron y no por que hayan sido antes
más temerosas.

Ante este panorama, es muy frecuente proponer que el
temor ante el delito es, relativamente, irracional o
existiría un desajuste entre los hechos del mundo objetivo
y la expectativa subjetiva de los individuos. Sin embargo, la
paradoja "temor victimización", se puede explicar no
sólo considerando la victimización individual como
determinante del temor ante el delito, sino también otros
factores que influyen en este temor, como es la
victimización vicaria. Ésta se genera cuando el
temor que siente una persona aumenta si algún cercano ya
sea un familiar, un amigo o un vecino ha sido víctima de
un delito recientemente. No obstante, son los medios de
comunicación una de las mayores influencias de la
victimización vicaria en el temor de las personas, siendo
ellos la principal fuente de donde los individuos extraen
información sobre actos delictivos.

Modelo del control social:

Este modelo es uno de los más relevantes para
comprender diversos factores que están asociados a la
generación de temor. Por un lado, se sugiere que la falta
de control que las personas sienten tener sobre su medio ambiente
social y la desorganización que perciben en él,
incrementa la percepción de temor. Por otro lado, este
modelo abarca la percepción sobre las autoridades
públicas y postula que si se percibe inactividad en las
autoridades, el temor ante la delincuencia se incrementa, lo que
se relaciona tanto con la confianza como evaluación a
instituciones encargadas del orden.

– Confianza y evaluación a
las instituciones y su relación con el
temor:

Pese a que el concepto de confianza ha sido poco
explorado en las ciencias sociales, durante las últimas
décadas ha adquirido una notoria relevancia en el debate
académico debido al rol que ha adquirido el concepto de
capital social. Instituciones académicas, organismos
internacionales y organizaciones no gubernamentales, ponen el
acento en el desarrollo y consolidación del capital
social, el cuál se expresa en la cantidad y calidad de
interacciones sociales de una sociedad como una red de valores,
normas y confianzas entre los individuos.

La evidencia empírica internacional señala
que la presencia de capital social, y por lo tanto, confianza
interpersonal, tiende a disminuir los niveles de temor,
así como generar iniciativas de prevención
comunitaria. Sin embargo, esta relación también
puede ser inversa, pues se ha sostenido que la criminalidad
influye directamente sobre el capital social por medio del
desarrollo de un clima generalizado de temor que remplaza el
espíritu de cooperación y participación
comunitaria. La mala evaluación a instituciones
públicas aumenta la posibilidad de sentir temor al
delito.

Ahora bien, la confianza puede estar orientada a nivel
interpersonal así como orientada a las instituciones
públicas. En relación al segundo caso, el aumento
de la criminalidad debe ser enfrentado por instituciones
públicas que cuenten con la confianza ciudadana. De lo
contrario, el aumento de las tasas delictuales puede conducir a
la organización de grupos que toman la ley por sus propias
manos lo que, a su vez, puede provocar la reacción
desmedida por parte de los policías. Ante este panorama,
el resultado final podría ser la sensación general
de que las instituciones del Estado de Derecho no son eficaces
para reducir el crimen.

Cuando se desconfía de instituciones como las
policías o el sistema judicial, se contribuye a la
sensación de inseguridad ciudadana, debido a la
percepción de poca eficacia y profesionalismo en su rol,
lo que se explicaría, en el plano internacional, que
sólo los delitos más grave sean denunciados. Sin
embargo, las razones de la poca tendencia a denunciar
serían distintas según los estratos
socioeconómicos. Mientras los estratos altos no denuncian
porque consideran poca la posibilidad de castigar al delincuente
o recuperar lo robado, los estratos bajos creen que al denunciar
puede existir represalia debido a que, en algunas ocasiones,
existe una cierta relación cercana entre víctima y
víctimario. En general, se detecta un menor nivel de
denuncia en los estratos bajos que altos lo que indica su mayor
desconfianza a las instituciones policiales y
judiciales.

En relación a la confianza y evaluación,
debemos en primer lugar, diferenciar entre ambos elementos.
Mientras la confianza se dirige a la creencia de compartir un
mundo común y tener "fe" en sus integrantes e
instituciones, la evaluación explica la calidad de un
servicio. Es por ello, que el hecho de confiar en una
institución no indica, necesariamente, que se
evalué bien a ella, es decir, que entreguen un buen
servicio. En el tema específico del poder judicial – en
general en América Latina se sufre un proceso de
desprestigio que se manifiesta en diversas encuestas, en
especial, porque los individuos lo consideran "blando" respecto a
la criminalidad además de sospechas de corrupción
entre sus funcionarios. Existe una tendencia generalizada a
considerar que la ineficiencia de los jueces se debe a que no
aplican "mano dura", penas más drásticas y un mayor
encarcelamiento a los delincuentes. Es bajo este clima de demanda
por mayor "mano dura", donde emergen las posibilidades del
éxito de gobiernos populistas con soluciones represivas de
excesiva violencia que no apuntan a las causas profundas del
problema.

En referencia a las policías, el panorama
latinoamericano tampoco se presenta alentador. Numerosas son las
críticas que se han establecido a las policías por
parte de la ciudadanía: inadecuados procesos de
selección de personal, deficiente formación, falta
de probidad, abusos policiales, acusaciones de corrupción,
entre otras.

La percepción de la población no es
homogénea entre diferentes estratos socioeconómicos
y comunas de residencia. Los sectores caracterizados por
condiciones sociales más vulnerables, presentan menores
niveles de confianza a las instituciones relacionadas con la
seguridad que otros sectores, lo que indica que existe una
relación distinta entre la comunidad y la policía
en ambos sectores comunales.

– Participación Comunitaria en el combate
a la delincuencia y sus efectos en el temor:

Durante los últimos años, el avance de la
criminología ha abandonando esquemas explicativos
mono-causales de la delincuencia apostando más a una
perspectiva multicausal, cuyo planteamiento señala que son
múltiples los factores que inciden para que un individuo
cometa un delito. Esta "sensibilidad" por las diversas variables
asociadas a la delincuencia, generaron las condiciones donde las
políticas públicas anti delictivas cambiaran de
perspectiva, abandonando en parte el tradicional énfasis
en el control y represión de la delincuencia y otorgando
una mayor relevancia al tema de la prevención del delito,
al menos si se quiere obtener resultados a largo plazo atacando
el problema desde sus bases. Dentro de las políticas de
prevención, diversas estrategias antidelictivas en el
mundo han propuesto que la seguridad no sólo es
responsabilidad del Estado y de las policías, sino
también de la comunidad, enfatizando la concepción
de coproducción de seguridad, donde la
participación comunitaria en la prevención del
delito es su mejor ejemplo. Ahora bien, pese al énfasis en
la comunidad para este tipo de participación, tanto el
panorama mundial como nacional indican un bajo nivel de
participación, lo que permite concluir que la falta de
interés en la participación es un indicador de un
tipo de vida y de relaciones sociales propias de nuestros
días.

Ahora bien, al igual que en todos los esquemas
conceptuales anteriores que explicaban el temor, la
participación comunitaria no es homogénea entre
residentes de sectores distintos y pertenecientes a ciertos
estratos socioeconómicos. Como en el estrato bajo no
existen mayores recursos para la seguridad, comienzan a gestarse
mecanismos de prevención comunitaria, aunque las personas
que viven en estas condiciones socioeconómicas, no
estén conscientes que son medidas de prevención.
Sin embargo, estas iniciativas son contingentes, nacen para
solucionar un hecho puntual, y se presentan dificultades para
lograr una organización más duradera. En ocasiones
estas medidas comunitarias pueden adquirir un sentido negativo
como el ajusticiamiento con las propias manos cuya
expresión máxima es el linchamiento,
fenómeno más frecuente en los estratos
socioeconómicos bajos.[17]

El miedo como
negocio (el negocio del miedo)

Según el autor argentino Alberto Binder (2010)
parece que un conjunto de prejuicios, falta de conocimiento o
inexperiencia es lo que conduce a la falta de claridad en la
formulación de las políticas y la
comprensión del fenómeno que son dos caras de una
misma moneda. Se utiliza la idea de peste.

De acuerdo a este mecanismo la violencia y la
inseguridad es un mal indeterminado, en su extensión, en
sus formas y en sus causas, pero tangible y mortal. Esta llamada
peste genera mecanismos de defensa que la historia ha estudiado
con detalle, permite dividir a la sociedad en cuatro
categorías: los enfermos, las potenciales víctimas,
los transmisores y los incontaminables. Ciertos sectores sociales
son los que producen el mal o ya están enfermos, el
protagonista central es el conjunto de personas que pueden ser
afectadas y siempre se presentaran algunos que están por
afuera de este circuito.

Las razones del miedo en la sociedad son muchas y
comprensibles: desde aquellas efectivamente vinculadas a la
criminalidad, la violencia o la agresión cotidiana hasta
las vinculadas a la incertidumbre general sobre el futuro, en una
sociedad donde los riesgos han aumentado y las redes de
protección social o estatal se han debilitado. Es
evidente, pues, que una persona de clase media, en
términos generales, tiene muy buenas razones para sentir
temor sobre su presente o su futuro. Las crisis cíclicas
de que sufre un país no ayudan, por cierto, a disminuir
ese temor.

Pero lo más grave no es que la sociedad transite:
una época de incertidumbre sino las formas de lucro que se
han construido alrededor de ese temor. En primer lugar, el
mercado de la seguridad privada esta estructurado de tal manera
que la inseguridad es el negocio y la condición de su
expansión. Esto no es un hecho menor, porque ese mismo
mercado es productor de visiones sobre el problema criminal, a la
vez que genera una dinámica que complica muchas
soluciones. No por una razón ideológica que impide
la participación de fuerzas no estatales en la
solución de ese problema, sino por el hecho más
concreto de que, aquí y ahora, su forma de crecimiento es
parasitaria de la ineficacia estatal y aprovecha esa ineficacia
para captar recursos estatales y utilizarlos en su provecho. Como
ocurre con toda actividad económica es probable que esta
sea solamente una lógica de expansión y que en
algún momento el mismo mercado de la seguridad
deberá cambiar de dinámica para centrarse en la
provisión de seguridad, pero todavía no se sabe
hasta dónde puede llegar esa expansión y qué
daños perdurables puede dejar, tanto en la
generación de miedo social como en las posibilidades de
las fuerzas estatales de responder al problema de la seguridad de
los ciudadanos. Una intervención estatal profunda, para
modificar la dinámica mercado de seguridad es
también una acción necesaria para modificar las
percepciones que tenemos del fenómeno criminal y de las
posibilidades reales de solucionarlo o controlarlo.

Otra forma de lucro tiene que ver con las nuevas formas
de espectáculo de la violencia. Sin duda la crónica
policial es un género que ha cautivado a las audiencias de
todo tipo. Las noticias policiales no son más que una
forma del mismo género. Pero, la potencia de los medios de
comunicación, el realismo de la ficción y hasta el
consistente entrenamiento para matar a través de los
videojuegos que ocurre con miles de niños y adolescentes,
forman un mercado de la violencia de grandes
magnitudes.

Cualquier pedagogo no tendría problemas en
destacar la vital importancia de los medios masivos de
comunicación en la educación de la
ciudadanía. Pero esto no debe ser visto exclusivamente en
el plano moral; al contrario, los efectos mas perniciosos se
encuentran en la educación de la percepción misma.
La violencia y la muerte se encuentran frivolizadas en nuestro
mercado de la violencia y ello hace que nuestra percepción
también se vuelva frívola. Si un niño o un
adolescente juegan a matar personas todos los días,
eligiendo el arma, el blanco y apuntando con saña para
causar el mayor daño, ¿podemos tener la expectativa
razonable de que la violencia constituya para él un hecho
que sea repudiado, no ya moralmente, sino en el plano de la
sensibilidad? Evidentemente no. Lo mismo sucede si recibimos
imágenes reales o ficticias (o a través de un
relato intermedio donde se mezclan realidad, ficciones y
arquetipos). En definitiva, nuestra percepción del
fenómeno criminal y de la violencia esta mediada por un
mercado de la violencia que se ha expandido a través de
los medios masivos de comunicación. Cuáles puedan
ser los mecanismos de intervención en ese mercado es una
cuestión difícil, en particular frente a la
sensibilidad de toda intervención estatal en los medios de
comunicación. De todos modos, sin caer en el recurso
fácil a la censura previa, existen innumerables mecanismos
que permitirán un control y un debate mucho más
profundo sobre la incidencia de esta dimensión tanto en
los aspectos subjetivos como objetivos.

La tercera forma de lucro es más profunda
aún; se trata de la generación del miedo como forma
de desarticulación social y política. Una
ciudadanía temerosa se encuentra mucho más
dispuesta a bajar sus niveles de control y a renunciar a la idea
central de representatividad por la de cuidado,
señorío, resguardo. Es decir, formas más o
menos amplias de mesianismo o caudillismo, que han sido
típicas del desarrollo social y político,
justamente por la incertidumbre y el miedo que ha caracterizado a
nuestra vida social a lo largo de la historia.

Esto genera una forma patológica de
diálogo político que se observa con claridad en
nuestra época. Por una parte, la ciudadanía
mantiene el tema de la inseguridad como una de sus prioridades y
como una interpelación permanente. Por otra parte, la
dirigencia política se muestra preocupada y atenta. Sin
embargo, este aparente punto de conexión no produce
políticas consistentes. Al contrario, pareciera que
mantener este canal abierto y sin solución es la mejor
forma de mantener a la sociedad expectante y atemorizada y a la
oferta electoral abierta pero descomprometida. Es decir, esto le
permite a la dirigencia política hablar de seguridad, sin
asumir mayores compromisos. La ganancia está en el tipo de
vínculo con la sociedad, pero esa demanda no se convierte
en fuerza de transformación (lo que llevaría a la
dirigencia a enfrentarse a sectores burocratizados y corporativos
que manejan todavía el sistema de seguridad).

De este modo, la demanda de seguridad es mantenida en
medias aguas y se vuelve inoperante, tanto en el corto como en el
mediano plazo. El fenómeno "Blumberg", por ejemplo, es un
muestra casi exquisita de desarticulación social,
independientemente de las opiniones que podamos tener sobre su
visión del problema y sus propuestas. La falta de acuerdos
entre los actores políticos, la falta de
tecnificación de las propuestas de los partidos, la
repetición en soluciones ya gastadas, etc. son una muestra
de un dialogo patológico entre la dirigencia
política y la sociedad. Esto ha llegado a tal magnitud que
se puede decir que el tipo de diálogo que existe entre la
sociedad y su dirigencia política es también una
condición de ineficacia del control de
criminalidad.

La retórica de la mano dura aparece como la forma
más eficaz de conjugar todas estas formas de lucro con un
discurso social aparentemente preocupado pero incapaz de
construir soluciones complejas y serias a un problema de gran
magnitud. En primer lugar plantea el problema como una
cuestión de debilidad y por lo tanto la solución
como un problema de fortaleza. Nada más alejado de la
realidad. El binomio debilidad-fortaleza es inútil a la
hora de diseñar política de seguridad o de
comprender el problema de la criminalidad. En consecuencia su
visión del problema es de un simplismo que oculta las
causas más evidentes y por ello es funcional al
mantenimiento de buena parte de las condiciones de ineficacia en
el control de la criminalidad.

En segundo lugar, es una retórica que asusta ya
que pese a que ha influido en la toma de decisiones en la
última década, poco produce en términos
concretos, con lo que mantiene vigente la visión de la
peste y el milenarismo. Finalmente es una retórica que
agrava el problema, ya que en el fondo su discurso es un llamado
a la autodefensa (el "métale bala al delincuente"). Es
decir tras la retórica de la más dura se esconde
una cultura del linchamiento.

Pero la emergencia de la retórica de la mano
dura, en especial en nuestras versiones vernáculas, que
tan poco tienen que ver con las políticas de ''tolerancia
cero" o las formas integrales de control de la criminalidad, no
es solo una estrategia demagógica de la dirigencia
política sino que responde al intento final de mantener
una forma de gobierno del sistema de seguridad que ha sido
tradicional en nuestro país y que también
condiciona las visiones que tenemos del problema de la
criminalidad.

Aspectos
jurídico-procesales de la ciudadanía frente al
sistema de administración de Justicia
Penal

En este punto se tratará de los aspectos
jurídicos procesales a los que se enfrenta la
víctima y los testigos en el proceso penal, bien sea por
iniciarse un proceso por denuncia o por flagrancia de un hecho
punible y el temor que siente la ciudadanía, no
sólo de ser víctima de un delito, sino
también de ser víctima del proceso
penal.

Es bien conocido que la finalidad del proceso penal es,
de conformidad con lo establecido en el artículo 13 del
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del
Código Orgánico Procesal Penal
(COPP)[18], establecer la verdad de los hechos por
las vías jurídicas y la justicia en la
aplicación del derecho; y uno de los objetivos del proceso
es la protección y reparación del daño
causado a la víctima del delito, siendo obligación
del Ministerio Público velar por esos intereses en todas
las fases del proceso. Así también, deberán
la policía y demás organismos auxiliares otorgarle
a esas víctimas un trato acorde con su condición de
afectados y facilitar su participación en los
trámites en que deba participar (art. 120
COPP).

Ahora bien, en esa búsqueda de la verdad todo
ciudadano se encuentra en la obligación de denunciar, bien
sea por ser víctimas directas de un delito o porque han
presenciado la comisión del mismo, y, la omisión de
denunciar acarrea sanciones penales. Pero es el caso que suelen
no hacerlo por distintas razones; mientras los ciudadanos de
estratos altos no denuncian porque consideran poca la posibilidad
de castigar al delincuente o recuperar lo robado, los ciudadanos
de estratos bajos creen que al denunciar puede existir represalia
debido a que, en algunas ocasiones, existe una cierta
relación cercana entre víctima y victimario.
Generalmente, se detecta un menor nivel de denuncia en los
estratos bajos que altos lo que indica su mayor desconfianza a
las instituciones policiales y judiciales, ya que el daño
sufrido por la víctima del delito suele verse incrementado
como consecuencia de su contacto con el sistema de justicia
(victimización secundaria).

Esta situación ha sido tomada en cuenta por los
altos Tribunales de la República, en materia de
niños, niñas y adolescentes, al pronunciarse la
Sala Constitucional en la sentencia número 1049 del 30 de
julio del 2013, dejando asentado con carácter vinculante
que "los Jueces y Juezas con Competencia en materia Penal que
integran los distintos Circuitos Judiciales de la
República, podrán emplear la práctica de la
prueba anticipada, prevista en el artículo 289 del
Código Orgánico Procesal Penal, previa solicitud
del Fiscal del Ministerio Público o cualquiera de las
partes, para preservar el testimonio de los niños,
niñas y adolescentes, ya sea en condición de
víctima o en calidad de testigo, sobre el conocimiento que
éstos tienen de los hechos.". En el caso de los
niños, niñas o adolescentes que participan en el
proceso penal en condición de víctima, resulta
evidente que están expuestos a ser revictimizados como
consecuencia de las declaraciones que reiteradamente deben
exponer ante diversos funcionarios de la cadena de
investigación y en cada una de las etapas del proceso,
circunstancia que en muchas ocasiones conduce a que, por ejemplo,
los niños, niñas y adolescentes víctimas se
resistan a comparecer a los actos procesales por temor de
encontrarse con el victimario o, en otras casos, por afectaciones
de naturaleza emocional o psicológica al recordar
constantemente el hecho lesivo, especialmente, cuando se trata de
delitos como abuso sexual, actos lascivos, entre otros de esta
especie.

Cabe destacar, que la persona que se enfrenta a un
proceso penal no sólo es revictimizada al momento de
deponer ante un funcionario judicial; ésta víctima,
que pasa a ser víctima del proceso (ya que sufre del
retardo procesal, siendo citado constantemente a la
celebración de audiencias que son diferidas, interfiriendo
esto con su jornada laboral ya que se pierden horas de espera, y
recibiendo malos tratos del personal que labora en los Circuitos
Judiciales) es colocada frente a frente con su victimario
desprovista de protección por parte del Estado, a pesar de
existir una Ley de Protección a la Víctima,
Testigos y Demás Sujetos Procesales[19]que,
en opinión del equipo, ha pasado a ser
prácticamente letra muerta, ya que no se aplican las
disposiciones allí contenidas; dificultando así la
veracidad del testimonio, ya que éstas personas son
fácilmente localizables.

Esta situación la viven no sólo las
víctimas de los delitos, sino también los testigos
(e inclusive, bajo la vigencia del Código Orgánico
Procesal Penal anterior, los escabinos quienes representaban la
participación ciudadana directa en la
administración de Justicia en el proceso penal), en todos
y cada uno de los casos anteriores el resultado es que estos
ciudadanos que de alguna u otra manera intervienen en el proceso
penal sienten temor de afrontar el proceso, por ser ignorados,
maltratados o extorsionados por los funcionarios, en algunos
casos los judiciales, en otros los policiales (en países
como el nuestro, no sólo se teme al delincuente
común sino también al funcionario policial); sufren
del retardo procesal, así como también sufren de lo
engorroso que suelen ser los trámites para la
devolución de sus objetos y en el peor de los casos, se
ven amenazados y amedrentados por sus agresores al no existir
realmente confidencialidad de sus datos y en consecuencia, hay
una gama de motivos que impiden una colaboración seria con
el proceso penal, se crea más impunidad y disminuye
día a día la poca credibilidad que tienen los
venezolanos del sistema de administración de
justicia.

Recomendaciones

• Como recomendación general, la
  superación de la problemática de la inseguridad
  está vinculada a la mejora sustancial de la
  situación económica del país, a
  través de la implementación de políticas
  que logren la reactivación del aparato
  económico productivo, con la consiguiente
  disminución de las altas cifras de desempleo y
  pobreza,  siendo estas algunas de las causas del aumento
  de la delincuencia.

• Se debe desarrollar una ambiciosa política
  que fortalezca la educación y que impacte
  contundentemente la deserción escolar.

• Fortalecer la participación ciudadana en
  todos sus niveles, incluyendo, las Universidades, y los
  Institutos dedicados a la investigación, para que se
  actúe en cumplimiento del principio de
  corresponsabilidad con el Estado, dónde además
  de reconocer los problemas, se pase de la conflictividad, a
  medidas claves que conlleven a una mejor calidad de
  vida.

• Realizar un estudio multifactorial a nivel nacional
  para determinar cuáles son los factores que influyen
  en las fallas de las políticas públicas
  implementadas por el Estado.

• Revisar de manera selectiva y exhaustiva todas las
  unidades encargadas del control interno dentro de todas las
  instituciones que conforman la Administración
  Pública, a los fines de poder detectar y atacar las
  serias debilidades en torno a la eficiencia y la eficacia en
  la prestación de los servicios a los
  ciudadanos.

• Al lado de la "cifra negra" deben sacarse a la luz
  las "cifras doradas", ya que tienen una vinculación
  estrecha con la violencia callejera; porque la impunidad es
  un elemento generador de violencia, y porque conocer la
  extensión de la delincuencia organizada
  evitaría la expansión de las actividades
  económicas ilegales, la corrupción, y muchas
  formas de violencia que se ponen en práctica para
  garantizar impunidades y obtener recursos.

• Como actividad preventiva a corto plazo se debe
  evitar la victimización: Aunque a veces las
  campañas informativas sobre cómo no ser
  víctima de delitos pueden contribuir a expandir el
  terror, es necesario que la gente genere hábitos de
  prudencia. Estudios serios de la Victimología, sobre
  las llamadas "víctimas propiciatorias", demuestran que
  hay personas que atraen sobre sí las miradas menos
  sanas.

Conclusiones
generales

El Estado es el administrador por excelencia, que tiene
como obligación garantizar el bienestar social, entre los
principios Constitucionales nos encontramos con el de la
Seguridad de la Nación, que trae como consecuencia la
seguridad Ciudadana, tal como lo establece el Artículo 55
de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, además es importante resaltar que la seguridad
ciudadana no solo es responsabilidad del Estado si no que hay
corresponsabilidad con la participación ciudadana, en los
programas destinados a la prevención del delito, que
así como existe la seguridad ciudadana está la
inseguridad, todo esto, como resultado de unas políticas
gubernamentales ineficaces y de una cultura pobre por parte de la
sociedad, debido a la ausencia de valores y al estado de
necesidad económica en ocasiones. Como consecuencia de lo
prenombrado llega el temor fundado del delito, en virtud a que
aun estando vigente una garantía constitucional y habiendo
una obligación por parte del estado, no se cumple lo
protegido, razón esta que genera el temor de los
ciudadanos al libre desenvolvimiento, puesto que habiendo un
Estado de Libertad, se obedece el temor de
desplazarse.

En Venezuela ha venido evolucionando el índice de
criminalidad, cifras que se ven reflejadas en las distintas
estadísticas realizadas por las diferentes instituciones
públicas, estudios realizados por las ONG y Consejos
comunales, reflejan que los motivos del crecimiento del
índice delictual se motiva a las políticas nefastas
e ineficaces por parte del Estado. Hoy en día la
dificultad que tiene la colectividad de acceder a los distintos
medios de bien social, crea el caos y trae como resultado el
aumento de la criminalidad, sobre todo en las sociedades menos
favorecidas.

A pesar de que se han creado múltiples
políticas por parte del ente estatal, los resultados han
sido más negativos que positivos, se le ha otorgado poder
de dirección a la comunidad que fue excluida en gobiernos
diferentes, pero que dicho otorgamiento no resulto ser lo que se
quería o se esperaba. Cabe destacar que ha repercutido
adicionalmente en el desempleo, la inseguridad y el estado de
pobreza la mala gestión del sistema económico, el
control que se viene dando sobre la obtención de los
víveres alimenticios y de higiene personal, ha creado otro
monstruo de la delincuencia en el Sistema económico,
implantando cada vez mas normas represivas a la
ciudadanía, esto a su vez genera una nueva
expansión del delito, inicia otro tipo Penal en el medio
económico inserto en el Sistema, tal como se evidencia con
la entrada en vigencia de la Ley Especial de Costos y Precios
justos, cuya norma regula por un lado y genera delito por otro,
pues a veces la persona prefiere incurrir en el delito y poder
acceder a lo necesitado que cumplir la norma y morir de hambre.
Así mismo es necesario resaltar las políticas
penitenciarias, las cuales son paños de agua caliente,
pero que no extinguen la verdadera problemática, es
más fácil para el ente administrador inventar una
Libertad, que reinsertar verdaderamente a una persona a la
sociedad, un juez prefiere realizar una resolución donde
otorgue una Libertad cuando hay mucha insistencia, que
interactuar o involucrarse con un privado de libertad que le
produce repulsión, olvidándose así de lo que
establece la Dra. María Gracia Moráis cuando en su
concepto de Juez de Ejecución establece que el perfil que
debe tener, es de una persona con dotes vocacionales muy
particulares, que debe poseer una formación
académica amplísima con cualidades superiores de
humanismo, espíritu abierto y empatía, siendo la
realidad, un hechos distinto al deber ser.

La falta de interés por parte del Estado en la
estructuración de las familias Venezolanas, deja entre
ver, que es más económico arriar a la sociedad por
medio de un sistema penal y represivo, que aplicar
políticas de formación y contención
familiar, política esta que amerita de un presupuesto real
y palpable para las mismas, dichas estrategias que deben ser
diferentes a las misiones establecidas, que no se mantienen en su
totalidad desde su inicio. Así como lo referido a otras
políticas se quedaron en un lindo sueño que al
despertar se reflejan en el hacinamiento carcelario, el colapso
de las morgues del país, las largas colas para obtener un
alimento de la cesta básica cuando llegan los suministros,
el impedimento de tomar unas vacaciones y entre tantas
limitaciones que viven a diario los Venezolanos, lo que se deduce
en el miedo generado por la Inseguridad en un Estado que
supuestamente "garantiza" la Seguridad.

Bibliografía

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desigual del temor al delito según nivel
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[Consulta: 2014, Julio 25]

Autor:

Abogado Daniel Bohorques

UNIVERSIDAD DE CARABOBO

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y
POLÍTICAS

ESCUELA DE DERECHO

DIRECCIÓN DE POSTGRADO

ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO
PENAL

Venezuela- Edo. Carabobo, Julio de
2014

[1] Mayorca, Juan. Teoría de la
criminalidad. Editorial Italgrafica. Caracas, p. 37.

[2] Real Academia Española,
[Página Web en línea]. Disponible en:
http://lema.rae.es/drae/?val=SEGURIDAD+CIUDADANA [Consulta:
2014, Julio 25]

[3] La Seguridad Ciudadana. [Página
Web en línea].Disponible
en:http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_ciudadana [Consulta:
2014, Julio 25].

[4] Antecedentes de la Seguridad Ciudadana.
[Página Web en línea]. Disponible en:
http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_ciudadana#Historia_del_concepto
[Consulta: 2014, Julio 25].

[5] Ruiz, Wilmer y Ruiz Jesús.
Prevención Y Seguridad Como Combatir El Delito.
Editorial Horizonte C.A. Barquisimeto 2012, P. 193.

[6] CONSTITUCIÓN. (1999). Gaceta
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 5453,
(Extraordinario), Marzo 24, 2000.

[7] Ley Orgánica de Seguridad de la
Nación. (2002) Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela, 37.594, Diciembre18, 2002.

[8] Ob. Cit. P. 195.

[9] Decreto Con Fuerza de Ley de
Coordinación de Seguridad Ciudadana. (2001) Gaceta
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela,
Nº 37.318, Noviembre 06, 2001.

[10] Ob. Cit. P. 198.

[11] Ob. Cit. P. 201.

[12] Inseguridad. [Página Web en
línea]. Disponible en:
http://www.definicionabc.com/social/inseguridad.php#ixzz
382lJPuF8 [Consulta: 2014, Julio 25].

[13] Real Academia Española.
[Página Web en línea]. Disponible en:
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25].

[14] Inseguridad Ciudadana. [Página
Web en línea]. Disponible en: http://books.google.co.ve
[Consulta: 2014, Julio 25].

[15] Noción de Inseguridad.
[Página Web en línea]. Disponible en:
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/caracas/50460.pdf
[Consulta: 2014, Julio 25].

[16] Inseguridad Ciudadana. [Página
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[17] Acevedo V., Sebastián.
Distribución desigual del temor al delito según
nivel socieconómico: Análisis de las comunas del
gran Santiago. Tesis para optar la grado de sociológo.
Santiago de chile. 2008.

[18] Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley
Orgánica del Código Orgánico Procesal
Penal. (2012). Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela, Nº 6.078, Agosto 06, 2012.

[19] Ley de Protección de
Víctimas, Testigos y Demás Sujetos Procesales.
(2006). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela, Nº 38.536, Octubre 04, 2006.